La Unidad de Inteligencia Financiera -UIF, da cuenta que el 2021 la minería ilegal generó US$ 3,531.2 millones y el 2022 alcanzó una producción de 13.9 TMF (toneladas métricas finas) de oro, que representa el 14% del total de la producción declarada (96.7 TMF). Sin embargo, el volumen de exportación de oro durante el 2022, fue de 174.8 TMF, observándose una diferencia de 78 TMF superior a la producción declarada ante el Minem. Esta producción no declarada constituye una brecha de US$ 4,500 millones.
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Dr. César Sandoval Pozo
Jefe de Gabinete de Asesores del MINEM
La minería ilegal es un lastre más de los tantos heredados por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ante los cuales no le queda más que afrontar y enfrentar, con prontitud y efectividad, utilizando con firmeza las herramientas que brinda la Constitución y la ley, en defensa, no solo de la salud pública, afectada por la utilización de insumos mortales como el mercurio que envenena los ríos, eliminando su capacidad productiva y alimentaria, sino también en resguardo de la seguridad ciudadana y el orden interno que esta actividad ilícita la corroe y degrada, además de la protección de nuestras áreas naturales protegidas y de nuestros bosques que constituyen patrimonio de todos los peruanos, a los que estamos obligados a proteger y defender.
Lo ocurrido en Pataz, con el saldo de 9 trabajadores mineros de la empresa La Poderosa vilmente asesinados en los socavones por sicarios integrantes de bandas delictivas, es el claro testimonio de una situación desbordada.
Ya no estamos frente a aquella minería ilegal que ocupa violentamente riberas de ríos, invade bosques hasta deforestarlos o la que se posesiona sobre áreas naturales protegidas, en claro desafío de la autoridad, utilizando gigantescas dragas e insumos químicos vedados, escapando a la regulación y control; que extrae oro y luego lo comercializa en el mercado negro o lo exporta clandestinamente, consumando lavado de activos, trata de personas, tráfico de explosivos y uso prohibido de armas de fuego. La nueva estrategia de esta actividad es no solo la “liberación” de zonas productivas y la invasión de áreas concesionadas a la minería legal y formal que produce, tributa, declara y facilita la intervención de la autoridad, en cumplimiento de parámetros laborales y ambientales. La ilegalidad ha introducido la extorsión, la amenaza y el cobro de cupos, pretendiendo reeditar en el Perú una nueva etapa del terror, bajo el signo del oro extraído ilícitamente. Esto es sumamente peligroso tanto para la empresa minera formal como para el propio estado peruano en su labor de atracción y promoción de inversiones orientadas a la minería.
Escenario distinto es el que protagonizan la pequeña minería y la minería artesanal, formalizada y en vías de formalización, al representar un medio de subsistencia y oportunidad para salir de la pobreza y la pobreza extrema, en las 25 regiones del Perú.
El 2019, el valor de las exportaciones mineras alcanzó US$ 28,768 millones de dólares (60.14% del total), de los cuales, el oro alcanzó US$ 8,239 millones estimándose que la producción real del 2019, de la pequeña minería y minería artesanal formal, y en vías de formalización, asciende a US$ 3,978 millones, es decir el 8.3% del valor del total de las exportaciones. De ahí la necesidad de lograr la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, capaz de superar las condiciones precarias en las que se desarrolla, y con ello garantizar la contribución del 1.6% adicional al PBI en términos de producción, considerando el uso intensivo de mano de obra local y la dinámica económica y comercial que se genera en toda la cadena productiva del oro.
Si bien es cierto, los hechos se produjeron en un área productiva minera, el componente principal es el crimen organizado y el concurso de delitos con el propósito de generar un clima de caos y empoderamiento de bandas delictivas para controlar la extracción ilegal y la comercialización clandestina de oro, elementos que traspasan las fronteras y competencias de un solo sector y ministerio.
El Gobierno acaba de aprobar normas destinadas a combatir la ilegalidad y viabiliza el sinceramiento y la reestructuración del REINFO en coordinación con el Ministerio del Interior, excluyéndose a quienes hacen mal uso de este mecanismo de formalización. Asimismo, se ha modificado la adscripción de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, que facilitará el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal, dándole mayor nivel de coordinación dada la complejidad de esta actividad; y se ha dispuesto el fortalecimiento logístico de las bases policiales/militares ubicadas en zonas con mayor presencia de minería ilegal, dándole mayor capacidad fiscalizadora al Sucamec ante la comercialización y uso de explosivos, en el marco de una nueva Estrategia Nacional de Interdicción contra la minería ilegal.
Dos escenarios distintos y dos opciones ante las que no cabe media tinta. O escogemos y apostamos por la formalización, sin postergación ni ampliación de plazos para cumplir con los requisitos que demanda el ordenamiento jurídico o nos atenemos a las consecuencias de ubicarnos en la orilla de la ilegalidad.