Aprobar disposiciones legales que permitan destinar un mayor porcentaje de recursos públicos a políticas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, recomendó este viernes a los congresistas, el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria.
“Las políticas están, pero muchas veces sucede que son buenos deseos que no se pueden materializar porque la asignación de recursos no va a donde señalan esas políticas”, acotó.
Mencionó que se gasta muy poco en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. “En 2023 se tiene presupuestado 213 millones de soles, de los cuales solo se ha ejecutado alrededor de S/ 160 millones (75%) a falta de dos meses para culminar el presente año fiscal”, refirió.
“Son muy pocos recursos para todo lo que debería hacerse en el trabajo que realizan las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), los Centros de Acogida Residencial (CAR) y las Unidades de Protección Especial (UPE)”, enfatizó.
Indicó que, en ese sentido, la Contraloría General realizaría el próximo año un operativo de control en todo el país, enfocado en supervisar la operación de las DEMUNA, los CAR y las UPE destinados a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“En lo que resta del año vamos a iniciar dos grandes megaoperativos para supervisar temas de seguridad ciudadana y normas sobre discapacidad, pero vamos a ver si el próximo año podemos desarrollar algo similar para el caso de la infancia y sobre todo concentrarnos en estos tres tipos de servicios que brindan las DEMUNA, los CAR y las UPE”, anunció.
Indicó que existen 1722 DEMUNA en todo el país, de las cuales solo 556 están acreditadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), por lo que corresponde revisar qué ocurre con el resto que no están acreditadas y si todas funcionan correctamente.
Agregó que también existen problemas en los CAR, los cuales suman 57 a nivel nacional, pero consideró que debería implementarse un CAR por cada provincia. Adicionalmente, indicó que hay 25 UPE en el país, pero regiones como San Martín y Pasco, no cuentan con estas instancias que intervienen en casos de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes.
Resultados del control gubernamental
Nelson Shack detalló que la Contraloría General emitió 102 informes de servicios de control a las labores realizadas por las DEMUNA, CAR y UPE entre 2021 y 2023, de los cuales 37 corresponden a control posterior y 65 a control simultáneo.
“Solo en 2023 se han hecho 68 servicios de control, de los cuales 51 son de control simultáneo bajo sus distintas modalidades como son: visitas de control (13), control concurrente (2) y orientaciones de oficio, y 17 de control posterior (7 acciones de oficio posterior, 7 auditorías de cumplimiento y 3 controles específicos)”, puntualizó.
Como resultado de los informes de control simultáneo, la Contraloría emitió 87 alertas a los gestores públicos vinculados a la labor de las DEMUNA, CAR y UPE, de las cuales el 39 % ya fueron corregidas, mientras que el 32 % no fueron corregidas y el 27 % están sin acciones, pero en plazo para adoptar alguna medida que permita corregir esa alerta.
Mencionó que el resultado de los informes de control posterior se traduce en la identificación de 45 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en irregularidades en materia de gestión de recursos y operacional de las DEMUNA, CAR y UPE a escala nacional.
“Aquí hay trabajo para la Fiscalía, la Procuraduría y las Secretarías Técnicas de Asuntos Disciplinarios, pero como suele suceder en el Estado peruano, a estos funcionarios no les pasará nada y si no hay sanción es imposible darle efectividad a cualquier esfuerzo de lucha contra la corrupción y la inconducta funcional”, advirtió.
Casos emblemáticos
La subgerenta de control del Sector Social y Cultura, Katia Tirado, detalló algunos casos emblemáticos detectados por la Contraloría, tales como las Auditorías de Cumplimiento 010-2023-2-0309, 17624-2023-CG/GRLO-AC, 13276-2023-CG/GRIC-AC y 014-2023-2-1630, en los que se reveló que las raciones de alimentos en CAR de Lima Metropolitana, Callao, Loreto, Ica y Cusco se otorgaron a personal que no correspondía y por lo que se determinó presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios públicos del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).
También se detectaron, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento N° 031-2023-2-5334-AC, que diversos gastos en CAR de Arequipa fueron rendidos de manera irregular, así como incumplimientos en los protocolos de atención en estos centros. Por estos hechos se determinó presunta responsabilidad en siete funcionarios del Inabif.
Sobre las DEMUNA, la Contraloría alertó en su Informe de Visita de Control N° 024-2023-OCI/0398-SVC, que la Municipalidad Distrital de San Rafael, de la provincia de Ambo, en la región Huánuco, no implementó dicho servicio y tampoco cuenta con personal para atender casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Mientras que en la Municipalidad Distrital de Cumba (provincia de Utcubamba, región Amazonas), se verificó que la DEMUNA no está acreditada ante el Mimp, lo que puede afectar la oportuna protección de los derechos de este segmento de la población.
Con relación a la labor de las UPE, en el Informe de Orientación de Oficio 024-2023-OCI/3901-SOO se alertó que las Unidades de Protección Especial de Lima Sur, Lambayeque, Junín y La Libertad no ejecutaron los recursos asignados para mitigar el efecto de las lluvias intensas en su funcionamiento.
Además, se advirtió que la UPE Arequipa registra una demora en comunicar al Ministerio Público sobre los indicios de delitos en contra de la protección de niñas, niños y adolescentes.