En reunión de trabajo sostenida por los gobernadores que forman parte de la Asociación Nacional de Gobiernos Regional – ANGR, se pronunciaron en contra del Congreso de la República exigiendo la derogatoria de la Ley 31876, que precisa “Regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional”, publicada el pasado 21 de setiembre.
El presidente de la ANGR, Rohel Sánchez criticó fuertemente la promulgación de esta norma que nace, a su expresión, del escritorio por el desconocimiento en la práctica del daño económico que se genera a los que menos tienen. La ley 31876 impide la realización de obras por Administración Directa que sobrepasen las 50 UIT que suman los casi 250 mil soles.
Este pronunciamiento se realizó durante la Convención Minera PERUMIN 36 Arequipa, en reunión de la ANGR con la presencia de sus pares Werner Salcedo gobernador del Cusco; Gilia Gutierrez, gobernadora de Moquegua; Jorge Perez, gobernador de Lambayeque; Wilfredo Oscorima, gobernador del Ayacucho y; René Chávez gobernador de Loreto.
“Esta ley no va con la realidad de los distritos y provincias porque es allí donde el Estado debe estar presente. Las obras de sectores prioritarios como Educación y Salud deben ser realizadas por Administración Directa para promover el trabajo”, precisó Sánchez Sánchez.
Para la gobernadora del Moquegua esta norma es una clara obstrucción a la descentralización del país, dado que afecta el desarrollo y la sostenibilidad de millones de familias que reciben sus ingresos a través de la ejecución de las obras por administración directa.
El gobernador del Cusco Werner Salcedo señaló que la mayor cantidad de obras paralizadas en el país corresponden a los proyectos que se realizan mediante la modalidad de contratación con el Estado y; en tanto, el gobernador del Lambayeque enfatizó, que las obras por contrata ejecutadas a nivel nacional tienen la desventaja de encontrarse en su gran mayoría en proceso de arbitraje, figura legal que solo se da en esta modalidad de ejecución.
Finalmente, el gobernador de Arequipa, informó que en las próximas horas se emitirá el pronunciamiento oficial correspondiente y que el 5 de octubre, junto a los demás gobernadores y alcaldes provinciales y distritales del país, se presentarán al pleno del Congreso para exigir la derogatoria de esta ley.