Se requiere que el sistema de justicia empiece por una formación profesional diferente y sólida de sus aplicadores, de acuerdo con sus roles diferenciados.
Se ha hecho pública recientemente una reunión sostenida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides (actualmente suspendida), y el juez superior Luciano Cueva Chauca, integrante de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidente de la Asociación de Magistrados del Perú. ¿Por qué esta reunión ha merecido la atención de quienes investigan a Patricia Benavides?
Se argumenta suspicazmente, que tal cita –llevada a cabo en la oficina de la Fiscalía de la Nación– se realizó en la misma semana en la que el Sexto Juzgado Constitucional resolvió la medida cautelar solicitada por la señora Benavides, quien consiguió, de esta manera, paralizar las investigaciones iniciadas por la Junta Nacional de Justicia en su contra.
Al margen de las contradicciones habidas entre el presidente de la Asociación de Magistrados, quien sostiene que la Fiscal de la Nación lo llamó para exponer su caso y solicitar el apoyo de la Asociación de Magistrados presidida por él, y lo sostenido por la defensa de la señora Benavides, quien señala que se trató más bien de una reunión protocolar; este hecho nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del cargo fiscal: ¿son realmente magistrados los fiscales?
Según la Real Academia Española, la palabra magistrado significa: Miembro de la carrera judicial (…); magistrados pues, son los jueces que juzgan y sentencian. Los fiscales (en materia penal) son abogados (parte) que investigan el delito para, posteriormente, formular acusación. Su contraparte es el abogado defensor del investigado/acusado.
No obstante, lo expuesto, en nuestra realidad legal se denomina magistrados, tanto a jueces como fiscales: ambos elegidos por la Junta Nacional de Justicia, capacitados por la Academia de la Magistratura y miembros de la Asociación de Magistrados, lo cual lleva a los fiscales estimarse verdaderos «magistrados» iguales a un juez y situados en un nivel superior a los abogados de la defensa.Esta grave distorsión genera situaciones como la comentada al inicio: una fiscal se reúne con un juez (durante una investigación o litigio) y si bien el motivo no está claro, toda vez que han dado versiones contradictorias al respecto; la mencionada reunión se realizó porque ambos se consideran integrantes de un mismo gremio: «magistrados».
Transparencia
Si procuramos un proceso legal honesto y justo (debido proceso) y la transparencia en la elección de jueces y fiscales, debemos empezar por respetar la meritocracia y ello solo será posible si, al igual que la Academia Diplomática y el Banco Central de Reserva, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuenten con su propia Escuela de formación y capacitación profesional especializada.
La propuesta consiste en convocar a los estudiantes del tercio superior de la carrera de derecho de todas las universidades del país a postular y, previo examen de selección, elegir a los mejores para ser formados, capacitados en estos semilleros, de los cuales posteriormente, y conn base en sus méritos, ser designados internamente para ocupar los cargos de la carrera judicial o fiscal; y no como sucede ahora que son nombrados por un organismo externo «supuestamente independiente».
En conclusión: se requiere que el sistema de justicia empiece por una formación profesional diferente y sólida de sus aplicadores, de acuerdo con sus roles diferenciados –el juez imparte justicia, en tanto el fiscal, como parte del proceso, solicita la aplicación de la sanción correspondiente– y una designación interna y transparente para los cargos con base en el mérito profesional y personal. ¿Habrá voluntad para el cambio?